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El impacto en el M&A de los impuestos a la Banca, las Energéticas y las Grandes Fortunas

El impacto en el M&A de los impuestos a la Banca, las Energéticas y las Grandes Fortunas

La política fiscal en nuestro país parece haber entrado en una nueva dimensión. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 pivotan sobre tres ejes principales todos ellos basados en una mayor fiscalidad: el impuesto extraordinario a la banca, el impuesto a las energéticas, y el impuesto a las grandes fortunas.

Merece la pena analizar el funcionamiento y las repercusiones que los mismos podrían tener para las inversiones en compraventa de empresas, tengamos en cuenta que el origen de los dos primeros impuestos se explica por los beneficios extraordinarios que las empresas del sector financiero y energético están publicando en los últimos meses.

La banca, favorecida por el aumento de los tipos de interés, a su vez provocado por la política del Banco Central Europeo, y las compañías energéticas, favorecidas por el aumento de los precios de la energía, provocado en parte por el contexto geopolítico y por una especulación de la que poco se habla…. El Gobierno ha venido a considerar que estos sectores, especialmente beneficiados por un entorno que afecta negativamente a la mayor parte de la población, deben prestar su apoyo en un pacto de rentas basado en el principio de la solidaridad.

Es así como nace el impuesto extraordinario a la banca, que grabará el 4,8% de las comisiones y los intereses netos, esto es, la diferencia entre los ingresos y gastos financieros. Este impuesto se impondrá finalmente a todas las entidades financieras cuya base imponible supere los 800.000 €. Como novedad más reciente, el Gobierno ha incluido dentro del alcance de este impuesto a la banca extranjera que opera en nuestro país, siguiendo la recomendación de la misma Unión Europea, para evitar de este modo un agravio comparativo que podría afectar la igualdad de competencia.

El impuesto a las energéticas grabará en un 1,2% la cifra de negocio de estas compañías que facturen por encima de los 1.000 millones de euros anuales. El hecho de grabar la cifra de negocio, y no el beneficio extraordinario imputado a tales compañías, evita que los gastos de provisiones pudieran repercutir en una menor recaudación para el Estado.

El tercer impuesto, llamado de la “solidaridad”, está llamado a grabar a las grandes fortunas, entendiendo como tales aquellas cuya riqueza supera los 3 millones de euros, habiendo un mínimo exento de 700 mil euros. Se estima que hasta 23.000 contribuyentes se verán afectados por este impuesto a las grandes fortunas, que deberán satisfacer entre un 1,7% y un 3,5% de la base imponible, siendo la escala progresiva en este caso, y no proporcional como en los dos anteriores.

 

Lo que más ha podido preocupar en los últimos días es que estos tres impuestos, que nacían con vocación temporal para los ejercicios 2023 y 2024, puedan convertirse en impuestos permanentes, como el Gobierno ha venido a reconocer.

Siendo así, deberíamos preguntarnos el impacto que podría tener este nocivo tratamiento fiscal a sectores estratégicos, como el financiero y el energético, así como a los inversores particulares que deberán hacer frente a una fiscalidad más agresiva.

 

Desde la perspectiva del M&A, debemos hacernos ciertas preguntas que no pueden pasar por alto:

 ¿Encarecerá el impuesto a la banca la financiación destinada a operaciones corporativas apalancadas?

 ¿Qué impacto puede tener el impuesto a las grandes energéticas para el sector industrial?

¿Qué colectivos y sectores acabarán soportando realmente estos impuestos?

¿Cómo afectara a la valoración de las empresas este aumento de impuestos?

¿Hacen estos impuestos menos atractivos a ciertos sectores, y más atractivos a otros, a la hora de invertir?

 

Es así como la política fiscal ha venido a convertirse en una variable a tener en cuenta, ahora más que nunca, en todas las decisiones de M&A. En este orden de ideas, abordaremos más adelante el impacto de la fiscalidad global a multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros, como el G20 y otros organismos internacionales han venido a plantear.

 

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Alfonso Fernández Pascual

Doctor en Ciencias Económicas, profesor universitario de diversos Masters i Postgrados y con amplia experiencia en Dirección Financiera

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